24 de noviembre de 2020

Silvema solicita al Gobierno Andaluz que someta a los cazadores a las mismas restricciones que al resto de la ciudadanía

La asociación muestra su disconformidad con la excepción introducida por la Junta de Andalucía en su política de restricción de la movilidad para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 según la cual, se permiten los desplazamientos para actividades de caza mayor y menor, en concreto “monterías, batidas, batidas de gestión, ganchos, en mano con escopeta, recechos, aguardos y control de población de conejos”. 

Pese a que el Gobierno andaluz admite que la caza es una actividad de ocio y recreativa, justifica su decisión en una supuesta gestión de los equilibrios biológicos y ecológicos en los ecosistemas naturales. 

Para Silvema Serranía de Ronda-Ecologistas en Acción, la gestión de los equilibrios biológicos y ecológicos en los ecosistemas naturales llevados a cabo pretendidamente por cazadores, resulta un verdadero eufemismo de una actividad meramente deportiva, dramática y escasamente asumida por la sociedad. Dicha gestión, en el actual escenario de pandemia y caso de demostrarse necesario, debería ser tratada puntualmente a partir de informes técnicos y científicos y no estar sujeta al arbitrio de la actividad cinegética. 

La actividad de gestión de los equilibrios biológicos y ecológicos debe estar supervisada por agentes ambientales, los cuales abordan dedicaciones muy diversas e imprescindibles en este tiempo, lo que hace incomprensible que esta gestión quede en manos del colectivo de los cazadores, y en especial en el presente período en que debiera suprimirse dicha actividad. 

Por otro lado, subrayamos que los desplazamientos para cacerías se realizan, en general, en vehículos ocupados con más de dos personas lo que supone un riesgo de contagio no valorado más aún al desplazarse sin limitaciones entre municipios. Consideramos que resulta innecesario e incluso temerario que se plantee a la sociedad que deba asumir el riesgo implícito al trasiego intermunicipal de personas por tan injustificada argumentación. 

Es evidente que la emergencia sanitaria actual, con casi 1.600 casos confirmados de COVID-19 y 38 fallecidos en nuestro distrito sanitario, supera cualquier otra cuestión como las aducidas para autorizar la actividad de la caza. 

La permisividad del Gobierno autonómico con la caza mayor contrasta con la limitación de movimientos que impone a toda la población en general, incluyendo a entidades como las organizaciones ambientales. Ello supone un grave inconveniente ya que una parte importante de su labor voluntaria se realiza en los espacios naturales y urbanos de toda la provincia. Sin embargo, como no puede ser de otra forma, asumimos la normativa con responsabilidad dada la gravedad de la situación. 

Por todo ello, reclamamos que se proceda, durante este período de restricciones que nos afecta a todos, a suspender las actividades de todas las modalidades de caza, por ser una medida insuficientemente justificada que minusvalora el riesgo real de transmisión de la pandemia por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.