Silvema Serranía de Ronda- Ecologistas en Acción advierte a las administraciones que las depuradoras proyectadas no solventarán el problema de los vertidos en dicha Cuenca lo que supondría derrochar fondos públicos y prolongar las graves afecciones ambientales. Un aviso que lanzamos con motivo de la “Evaluación de Impacto Ambiental simplificada del Proyecto de Construcción, Saneamiento y Depuración en Arriate, Benaoján-Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera con incidencia en la Cuenca del Río Guadiaro (Málaga)” y tras la firma del Convenio entre ACUAES, Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados.
Estas administraciones vuelven a caer en errores del pasado al descartar sin la debida justificación técnica, alternativas de depuración ecológica y extensivas o mixtas. Al contrario, apuestan nuevamente por sistemas intensivos de depuración convencionales, con los importantes impactos económicos y ambientales que tienen, sin tener en cuenta la sensibilidad ambiental y protección que merece este entorno de la Red Natura 2000. Por ello, instamos a los ayuntamientos de Arriate, Benaoján, Montejaque, Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar a exigir a ACUAES un sistema de depuración ecológica extensiva o mixta, más eficiente y con costes de mantenimiento viables.
Según la Red de Información Ambiental de Ecologistas en Acción, dos de cada tres depuradoras de pequeños municipios andaluces no están funcionando o no cumplen con los valores de vertido que exige la normativa estatal y europea. Ello se debe principalmente a los altos costes de mantenimiento, energético y de operación que tienen los sistemas de depuración intensivos. Esto impide que los municipios puedan hacerles frente con sus modestos presupuestos municipales, aunado a la escasez de medios técnicos.
Según los cálculos del propio proyecto en el Documento Ambiental, el coste anual que tendría la gestión de los residuos y la reposición de filtros y elementos electromecánicos de las depuradoras supondría para estos municipios entre un 6-10% de su presupuesto anual, lo que a todas luces es inviable económicamente, salvo que terminen pagando los vecinos dichos costes en su factura del agua, lo que supondría un nada desdeñable incremento que no todas las familias podrán asumir.
La consecuencia de lo anterior, es que se puede repetir la historia de derrochar fondos públicos europeos en unas infraestructuras que nacen condenadas a que no funcionen o no cumplan los parámetros legales de vertido, con las graves consecuencias que tendría para la Cuenca del Guadiaro y la Red Natura 2000.
Sería imperdonable dejar escapar la posibilidad de ejecutar estas inversiones con fondos europeos por no abogar por un tratamiento de depuración extensivo (o mixto) que apueste por unos rendimientos ambiciosos de depuración superiores al 90% de reducción de la DBO5, aunado a un terciario de desnitrificación y defostatación que garantice el futuro cumplimiento de la normativa y la calidad ambiental en el medio receptor, cuando su coste de ejecución material incluso sería inferior al proyectado, por no hablar de su viabilidad por sus escasos o nulos mantenimiento, y duradera vida útil.
Las Naciones Unidas (Informe Mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2017), y la Guía Europea de Procesos Extensivos de depuración de aguas residuales, en aplicación de la Directiva del Consejo nº 91/271, de 21 de mayo de 1991, recomiendan la utilización de sistemas de depuración extensiva (ecológica) por sus altos rendimientos en depuración y sus bajos costes de construcción y mantenimiento.
La descentralización de los sistemas de depuración, al contrario de lo proyectado para la agrupación de vertidos de Montejaque y Benaoján, supondría una estrategia global al combinarse la eficacia del tratamiento de sus aguas residuales con la recuperación de los recursos hídricos al medio receptor, e incluso por compensación sustitutoria de caudales en escenarios de déficit hídrico, contribuyendo a una economía circular y a los ecoesquemas.
Silvema Serranía de Ronda- Ecologistas en Acción insta a los ayuntamientos afectados a que “no caigan en la trampa”, que hablen con alcaldes de otros municipios con instalaciones intensivas y visiten sus EDARs para comprobar los problemas económicos y técnicos que acucian. Estos consistorios deben exigir a ACUAES y la Junta de Andalucía que reformen los proyectos, ya que en caso contrario “la factura” la van a terminar pagándola sus vecinos.
Nuestra asociación valora elevar una queja formal a la Comisión Europea sobre el empleo de fondos públicos europeos en proyectos que a todas luces nacen heridos de inviabilidad, en la eventual situación de que las administraciones implicadas sigan en sin estudiar las alternativas que existen y las recomendaciones de los organismos internaciones.
